El juez Martín Cormick aplicó sanciones de $100.000 por día al titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por no acatar la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo anunció que apelará y cuestionó al magistrado.
El enfrentamiento judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, resolvió el miércoles aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden judicial.
La decisión se tomó en la causa que impulsan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional. En su resolución, el magistrado señaló que, frente al incumplimiento verificado, correspondía hacer efectivo el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre.
Qué exige la cautelar
La medida que el Gobierno no cumplió ordena recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, tal como prevé la Ley 27.795. Las sanciones recaen sobre el jefe de Gabinete por ser el funcionario responsable de la administración del Presupuesto nacional.
Cormick aclaró que se trata de una primera etapa: tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrán modificarse si el incumplimiento continúa.
La respuesta de Casa Rosada
El Poder Ejecutivo anunció rápidamente que apelará el fallo. Desde la Casa Rosada sostuvieron que el juez falla de manera recurrente contra la gestión de Javier Milei y lo vincularon políticamente con el kirchnerismo, al recordar que fue titular de la Inspección General de Justicia y síndico general del PAMI. Hasta el momento, el Gobierno no difundió argumentos jurídicos sobre el fondo de la cuestión.
Una denuncia penal en paralelo
El frente judicial no se agota en el fuero contencioso. El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó en los tribunales federales de Retiro una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El escrito recuerda que la cautelar fue confirmada por la Cámara y que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado.
Lo que está en juego
Las astreintes son una herramienta de presión económica que la Justicia utiliza para forzar el cumplimiento de sus órdenes. Más allá del monto, su aplicación sobre un funcionario de primera línea marca un endurecimiento en la relación entre los tribunales y el Ejecutivo, y coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria. La apelación anunciada abre ahora una nueva instancia en una disputa que mezcla argumentos fiscales, institucionales y políticos.