Juan Patricio Marchetto, uno de los damnificados, cuestionó los fundamentos del juez Marcelo Martínez De Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano. Otros inversores anticiparon que también presentarán recursos.
El sobreseimiento de Javier Milei en la causa $LIBRA recibió su primera impugnación. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian haber sido perjudicados por el lanzamiento y la caída de la criptomoneda, apeló la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que había cerrado la investigación sobre el Presidente, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados.
La presentación, patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, reclama que se revoque el sobreseimiento y que la causa siga adelante. Otros damnificados, apartados de su rol de querellantes, anticiparon que también apelarán.
Un querellante discutido
El recurso tiene una particularidad: Marchetto había sido apartado del expediente como querellante, una decisión confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, como la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver su pedido para recuperar ese rol, sostiene que tiene derecho a impugnar el cierre de la causa para evitar que la discusión sobre su participación llegue tarde.
Los argumentos
La apelación sostiene que el juez llegó a una conclusión definitiva sin agotar medidas de prueba pendientes y señala contradicciones en la resolución. El punto central es una distinción jurídica: según Marchetto, el fallo confundió la falta de pruebas suficientes, que justificaría seguir investigando, con la conclusión de que los hechos no constituyen delito, que es la que permite cerrar la causa.
El escrito también cuestiona al fiscal Taiano, a quien acusa de haber demorado medidas de prueba, no convocar a testigos relevantes y no pedir las indagatorias de los imputados, además de solicitar el cierre mientras seguían en curso diligencias que él mismo había ordenado.
Lo que sigue
La Cámara Federal deberá resolver primero si admite la apelación de un damnificado que no tiene, por ahora, el rol de querellante. Si la acepta, deberá revisar el fondo del sobreseimiento. El caso, que tuvo fuerte repercusión política e internacional, suma así un nuevo capítulo judicial en paralelo a la denuncia de Amnistía Internacional por los ataques presidenciales a periodistas que lo investigaron.