La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un planteo del Ejecutivo y frenó en forma temporal las sanciones diarias por la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión llegó en la jornada de la quinta Marcha Federal, que terminó con un cruce entre la ministra de Seguridad y la UBA.
Apenas un día después de que el juez Martín Cormick impusiera multas diarias a la Jefatura de Gabinete, el Gobierno obtuvo un alivio en la Justicia. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, hizo lugar a un recurso de queja del Ministerio de Capital Humano y suspendió en forma temporal la aplicación de las astreintes mientras analiza el caso.
La resolución se conoció el jueves 15 de octubre, en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria.
Qué dijo la Cámara
Los camaristas entendieron que el rechazo de la apelación oficial en primera instancia podía causarle al Estado un gravamen irreparable. Sin embargo, aclararon de manera expresa que su decisión no implica adelantar opinión sobre si la medida cautelar se cumplió o no. Es decir, la orden de fondo sigue vigente: lo que queda en pausa es la sanción económica.
La cautelar en discusión se refiere a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que regulan la actualización salarial del personal de las universidades nacionales y las becas estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno
En su presentación, el Ejecutivo sostuvo que otorgó un aumento del 21,33% sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, los incrementos acumulados llegaron al 226,80%, por encima de la inflación del período. También planteó que las subas posteriores deben definirse en paritarias, que la orden judicial no precisa qué parte quedó incumplida y que las becas Progresar y de enfermería responden a regímenes distintos de los alcanzados por la ley.
La marcha y el cruce posterior
La movilización, que reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades en distintas ciudades, transcurrió de manera mayormente pacífica, aunque sobre el final se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió en sus redes un video de esos momentos y habló de «los mismos violentos de siempre».
La respuesta llegó desde la UBA. Su vicerrector, Emiliano Yacobitti, sostuvo que los violentos no forman parte del sistema universitario, que son una minoría y que la Policía debería poder identificarlos. Coincidió con la ministra en que nadie está por encima de la ley, pero remarcó que eso también vale para el Presidente respecto del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Un conflicto que sigue abierto
La decisión de la Cámara le da al Gobierno tiempo, pero no resuelve la disputa. El tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo de la apelación, mientras las universidades sostienen su reclamo en la calle y en el debate por el Presupuesto 2027. La discusión se desplaza así a una pregunta técnica con fuerte carga política: cuánto, exactamente, adeuda el Estado según la ley.