La Libertad Avanza acordó con el PRO y la UCR un dictamen de mayoría que reactiva la norma de 2011 contra la extranjerización de tierras rurales. La jugada busca restar apoyos a la oposición, que convocó a sesión este jueves para rechazar el decreto completo.
El oficialismo cambió de estrategia en la antesala de una sesión clave. En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza (LLA) incorporó al dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos que dejan sin efecto la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y vuelven a poner en vigencia la norma sancionada en 2011.
El dictamen reunió 34 firmas gracias a un acuerdo con el PRO y la UCR. El diputado radical Diógenes González fue el encargado de informarlo en nombre del oficialismo.
Por qué el Gobierno retrocedió en este punto
La Ley de Tierras limita la propiedad extranjera de tierras rurales y su derogación había sido uno de los aspectos más cuestionados del megadecreto firmado al inicio de la gestión. El Senado ya había dado media sanción, hace poco más de dos meses, a una iniciativa vinculada con el tema.
Con la sesión convocada para este jueves, en el oficialismo admitieron el riesgo de que la oposición reuniera los votos para rechazar el DNU en su totalidad. Restituir la Ley de Tierras funciona como una salida intermedia para legisladores que defendían esa norma pero no estaban dispuestos a voltear el decreto completo.
Lo que se pone en juego
Para el Gobierno, el DNU 70/2023 es una pieza central de su programa de desregulación. Un rechazo total habría revertido también la derogación de las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, además de la política de cielos abiertos, la desregulación del mercado satelital y la flexibilización de controles sobre las empresas de medicina prepaga.
Los otros dictámenes
La oposición no llega unificada. Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo junto con los diputados misioneros de Argentina Federal, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica elaboraron un despacho propio.
Una concesión táctica
La maniobra revela el delicado equilibrio parlamentario del oficialismo: cede en un punto de alta sensibilidad social para proteger el núcleo de su política económica. El resultado de la sesión mostrará si la concesión alcanza para desarmar una mayoría opositora o si el megadecreto, vigente desde diciembre de 2023, queda expuesto a un rechazo que requeriría además el aval del Senado.