El juez Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva a 19 personas, entre empresarios y exfuncionarios, y amplió las imputaciones contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y otros cuatro acusados. El perjuicio estimado, todavía provisorio, supera los $7.833 millones.
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. El juez Ariel Lijo, a cargo interinamente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió los procesamientos de cinco imputados que ya estaban procesados, entre ellos el extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
En la misma resolución, el magistrado dictó la falta de mérito de otras 11 personas indagadas, sobre las que la investigación deberá profundizarse.
Los acusados
Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete aparecen señalados como jefes de una asociación ilícita, mientras que Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich figuran como miembros. Los cinco habían sido procesados en febrero de este año, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal.
Los nuevos procesados incluyen a representantes de más de una decena de empresas proveedoras de insumos médicos y ortopédicos, a tres personas que cumplían funciones internas en la ANDIS vinculadas con invitaciones a proveedores, coordinación de procedimientos y seguimiento de pagos, y a dos acusados de lavado de activos agravado por su vínculo con Calvete.
Los delitos y los montos
Las imputaciones incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional, además de lavado de activos en algunos casos.
Según un relevamiento técnico del Ministerio de Salud citado en la resolución, se detectaron diferencias de precios de al menos $1.849 millones en insumos médicos y ortopédicos, que se suman a los casi $5.985 millones ya identificados en medicamentos. El total supera los $7.833 millones, una cifra que el propio juzgado considera provisoria y parcial.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la resolución, el esquema habría consistido en seleccionar proveedores de manera arbitraria, filtrar información privilegiada, simular competencia entre oferentes y direccionar las adjudicaciones. La investigación abarca seis rubros de compras: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurología, sillas de ruedas y andadores, y traumatología.
Impacto institucional
El caso ANDIS es uno de los expedientes de corrupción más sensibles para el Gobierno, porque involucra fondos destinados a personas con discapacidad, un sector que en los últimos meses protagonizó reclamos por la emergencia en la materia. Los procesamientos todavía pueden ser apelados y no implican una condena, pero amplían el alcance de una causa que ya excede a los funcionarios y alcanza a buena parte de la red de proveedores del organismo.