Tres informes sobre la gestión de Diego Spagnuolo detectaron contrataciones directas sin justificación, falta de controles y diferencias de precio de hasta 1.068% en un mismo medicamento. La causa judicial sigue abierta y los procesados no tienen condena.
Tres auditorías sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo encontraron un circuito de compras de medicamentos e insumos que funcionaba al margen de los procedimientos legales. Los informes, solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor Alejandro Vilches y elaborados entre octubre de ese año y abril de 2026, analizaron lo ocurrido en el primer semestre de 2025, antes de que Spagnuolo fuera desplazado el 21 de agosto.
Compras sin licitación
El primer informe, de diciembre de 2025, se concentró en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia. Los auditores detectaron que no se utilizó el sistema obligatorio de compras públicas, que no hubo pliegos, invitaciones formales ni comparación de ofertas documentada, y que tampoco se acreditaron las razones que justificaran contrataciones directas. La misma observación alcanzó a las compras de insumos, prótesis y sillas de ruedas.
Según los auditores, ese esquema no se ajustaba a la normativa de contrataciones del Estado, afectaba la transparencia y la igualdad entre oferentes e implicaba un riesgo de perjuicio económico.
Los precios
El informe integral, de abril de 2026, documentó el caso más llamativo: el Macitentán de 10 miligramos, indicado para la hipertensión arterial pulmonar. Una droguería lo facturó en febrero de 2025 a $5.299.081 por unidad, mientras que otra firma vendió el mismo producto un mes después a $453.621. La diferencia fue del 1.068%.
También se observaron variaciones de precio en otros medicamentos de alto costo, como el pembrolizumab, usado en inmunoterapia oncológica, y el tacrolimus. Los auditores advirtieron que el sistema no tenía un registro de precios de referencia y que las comparaciones se hacían en planillas de cálculo externas, sin forma de reconstruir el método.
Falta de controles
En el semestre analizado, las compras de ese programa sumaron $110.263 millones. Sobre una muestra de 219 expedientes, los auditores encontraron entregas en domicilios distintos a los registrados, compras para Entre Ríos y Neuquén sin convenios vigentes que las respaldaran, remitos firmados por personas que no eran beneficiarias ni apoderadas y la ausencia de constancias de autorización médica.
El segundo informe, de marzo de 2026, se enfocó en los sistemas informáticos. Allí se detectó que una empresa privada mantuvo accesos con máximos privilegios a la base de datos durante más de tres años sin un contrato vigente, además de cuentas genéricas, falta de copias de seguridad externas y ausencia de un plan de contingencia.
La causa judicial
Las auditorías se suman a una investigación penal en marcha. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, y estimó un desvío de al menos $6.000 millones mediante sobreprecios en medicamentos. En septiembre, la Cámara Federal confirmó la situación procesal de Spagnuolo, del exdirector Daniel Garbellini y de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la organización.
El procesamiento es una etapa intermedia del proceso y no implica una condena. Los informes de auditoría, por su parte, describen irregularidades administrativas, pero no determinan por sí mismos responsabilidades penales: esa definición quedará en manos de la Justicia.