Terminó el ultimátum de dos semanas para que el Reino Unido frene el proyecto petrolero en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería prevé pedir medidas provisionales en Hamburgo, aunque el camino jurídico tiene límites claros.
El plazo que el gobierno de Javier Milei le dio al Reino Unido para detener las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, venció el lunes 12 de octubre. La intimación había sido comunicada el 28 de septiembre, cuando el Presidente instruyó a la Cancillería a iniciar un procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
«Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar», había advertido Milei en sus redes sociales. Londres rechazó la posición argentina y defendió las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.
Qué hará la Argentina
El canciller Pablo Quirno anunció que ya notificó a Londres el inicio del arbitraje. El paso siguiente sería presentar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, un pedido de medidas provisionales para frenar nuevas actividades de desarrollo y explotación de hidrocarburos. La Cancillería apunta a hacerlo esta semana, aunque no hay una fecha confirmada.
En la estrategia trabajan, además del canciller, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el embajador Mario Oyarzábal, a cargo de la Consejería Legal Internacional.
Qué puede y qué no puede resolver el tribunal
El planteo argentino no busca que el tribunal se pronuncie sobre la soberanía de las islas, una cuestión que excede su competencia. El argumento será otro: que existe una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, que la CONVEMAR impone obligaciones sobre los recursos en zonas en disputa y que deben evitarse cambios unilaterales. En ese marco, la Argentina invocará las resoluciones 2065, de 1965, que reconoció la controversia e instó a negociar, y 31/49, de 1976, que pidió abstenerse de modificar unilateralmente la situación.
El vencimiento del ultimátum no habilita por sí solo la intervención del tribunal, y la presentación tampoco suspende el proyecto de manera automática. Si el pedido se formaliza en octubre, una eventual definición podría llegar en noviembre, sin garantías de que las medidas sean concedidas. El principal obstáculo será demostrar que el tribunal tiene competencia, ya que el Reino Unido sostiene que las actividades cumplen con el derecho internacional.
Los antecedentes
La Argentina ya obtuvo un fallo favorable de este tribunal en 2012, cuando la fragata Libertad quedó retenida en Ghana por un reclamo de acreedores: el tribunal ordenó su liberación inmediata. Otro caso citado por los especialistas es el de Ghana y Costa de Marfil, en 2015, cuando una sala especial no paralizó las actividades existentes, pero sí ordenó impedir nuevas perforaciones en el área disputada. En la vereda opuesta, en el caso Chagos un tribunal rechazó analizar planteos que implicaban resolver una disputa territorial.
Qué es Sea Lion
El yacimiento está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo opera la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación, junto a la británica Rockhopper Exploration, que lo descubrió en 2010 y tiene el 35% restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectan comenzar a producir en el primer trimestre de 2028, con once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción.
Según la Oficina del Presidente, la empresa de servicios petroleros Halliburton confirmó que sus filiales no trabajarán en el proyecto. Navitas, por su parte, busca reemplazar a dos contratistas y no prevé un perjuicio significativo. El desenlace del frente judicial definirá si la ofensiva diplomática logra algo más que un costo político para el proyecto.