El proyecto para grandes inversiones ya tiene media sanción, pero el PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista frenaron los dictámenes. Reclaman ventajas para la industria nacional que la Casa Rosada todavía no aceptó.
El régimen de incentivos para inversiones de más de USD 1.000 millones en las llamadas «industrias del futuro», conocido como Súper RIGI, no avanza en el Senado. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en junio, pero en la Cámara alta no hay sesión convocada y el trabajo en comisiones se volvió lento.
Hasta principios de septiembre el trámite venía sin sobresaltos. Cuando estaba por firmarse el dictamen aparecieron las objeciones de tres espacios que suelen acompañar al oficialismo: el PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista. El mensaje de los aliados es claro: sin cambios, no habrá ley.
Qué reclaman los aliados
El eje del planteo es la protección de los proveedores nacionales. Desde uno de los bloques dialoguistas aclararon que no se oponen a la importación de insumos, pero advierten que la magnitud del problema no tiene precedentes.
Entre los senadores que objetaron el texto figuran Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones).
La demanda central es ampliar el criterio de precio y calidad: que un proveedor local pueda ser elegido siempre que su precio no supere en más de un 15% a la oferta extranjera comparable, en igualdad de condiciones. También proponen que la autoridad de aplicación consulte a las cámaras empresarias de cada sector antes de declarar que la oferta nacional es insuficiente, y que los precios se comparen puestos en destino, con todos los costos de importación incluidos.
Hasta dónde cede el oficialismo
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aceptó solo una parte de los cambios, porque la Casa Rosada no dio señales de aval para el resto. Lo que el oficialismo admite es una preferencia del 20% para bienes locales y, para inversiones superiores a USD 1.000 millones, garantías sobre la capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento que cubra los picos de demanda sin afectar la seguridad del sistema.
La decisión final, de todos modos, está en manos del Ministerio de Economía y de Balcarce 50.
Un segundo proyecto, el mismo problema
La discusión no se limita al Súper RIGI. El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), pensado para proyectos de grandes empresas desde USD 12 millones e impulsado desde hace meses por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, también quedó frenado esta semana en otra comisión. El senador catamarqueño Flavio Fama le pidió mayor precisión sobre las compras a proveedores locales.
Qué está en juego
El conflicto expone una tensión de fondo en la agenda económica del Gobierno: atraer grandes inversiones con reglas especiales sin dejar afuera a la industria nacional, que reclama participar de esos proyectos. Si el Senado introduce cambios, el texto deberá volver a Diputados, lo que alargaría aún más los tiempos de un régimen que la administración de Javier Milei considera clave para su plan económico.