La expresidenta publicó una columna en medios internacionales y una carta abierta en la que cuestionó el proceso judicial que derivó en su condena. Además, confirmó que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sumó a dos juristas extranjeros a su equipo de defensa.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que llevará su condena en la causa Vialidadante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y que la sentencia responde a una persecución política.
El anuncio fue realizado a través de una columna publicada en distintos medios internacionales, entre ellos El País(España), Libération (Francia) y Folha de S. Paulo (Brasil), además de una carta abierta difundida en sus redes sociales bajo el título «El costo democrático de la politización de la justicia».
La presentación ante Naciones Unidas
Cristina Kirchner confirmó que su defensa presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo analice el proceso que culminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según sostuvo, la presentación no responde únicamente a una disconformidad con las decisiones judiciales, sino que busca que el caso sea evaluado conforme a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
El Comité, con sede en Ginebra, deberá realizar primero un examen de admisibilidad antes de resolver si analiza el fondo del planteo.
Las críticas al proceso judicial
En su publicación, la exmandataria afirmó que la condena tiene como objetivo excluirla de la competencia política y sostuvo que esa situación afecta también los derechos de los ciudadanos que desean elegirla como candidata.
Además, planteó que la utilización del sistema judicial para impedir la participación de dirigentes políticos representa una amenaza para el funcionamiento democrático.
El planteo sobre el «machismo estructural»
Otro de los ejes de la carta fue la perspectiva de género.
Cristina Kirchner sostuvo que el proceso judicial estuvo atravesado por un «machismo estructural» presente, según su interpretación, en sectores del sistema de justicia argentino.
En ese sentido, afirmó que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.
Asimismo, recordó el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al considerar que existió un contexto de violencia política en torno a su figura.
Refuerza su defensa con abogados internacionales
Para esta nueva etapa, la expresidenta informó la incorporación de dos juristas extranjeros a su equipo de defensa:
- Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- Rafael Valim, abogado brasileño vinculado al equipo jurídico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ambos trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi en la estrategia presentada ante el organismo internacional.
La situación judicial de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, vinculada a la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La sentencia fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar los recursos extraordinarios presentados por la defensa.
Además, la Justicia confirmó el decomiso de bienes por $684.990 millones, medida que alcanza a la expresidenta, al empresario Lázaro Báez y a otros condenados en la causa.
Qué puede hacer el Comité de Derechos Humanos de la ONU
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrado por expertos independientes y tiene la facultad de analizar denuncias individuales vinculadas con presuntas violaciones de derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Si la presentación supera el examen de admisibilidad, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento. Sus decisiones constituyen recomendaciones y no tienen carácter vinculante para los Estados miembros.