A pedido de la fiscal Paloma Ochoa, la magistrada también solicitó informes a Cancillería y a Migraciones. La investigación busca determinar si funcionarios argentinos facilitaron la salida del dirigente brasileño.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso las primeras medidas en la causa que investiga la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. A pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, de sus inmediaciones y de la pista de despegue y aterrizaje.
La magistrada también requirió informes a la Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.
Qué se busca establecer
Las medidas apuntan a reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y determinar si hubo intervención de funcionarios argentinos para facilitar su salida del país y, en ese caso, si respondió a algún requerimiento formal.
La preservación de las imágenes es una de las diligencias centrales, porque permite resguardar registros que podrían perderse con el paso del tiempo. Los informes de Cancillería y Migraciones, en tanto, deberán aportar información oficial sobre los movimientos fronterizos y eventuales gestiones diplomáticas o administrativas vinculadas con el viaje.
El origen de la causa
El expediente se abrió a partir de denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py. Una de ellas fue impulsada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y quedó radicada en el juzgado de Capuchetti; a ella se sumó otra del diputado nacional Esteban Paulón.
Las presentaciones plantean interrogantes sobre el papel que pudieron haber tenido integrantes del Gobierno nacional, sobre las condiciones en que se concretó la salida y sobre si se omitieron controles que correspondían.
Un caso con impacto diplomático
La salida de Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos, tras la derrota de su espacio en las elecciones brasileñas, generó un fuerte malestar en el gobierno de Lula da Silva y abrió un frente de tensión con la Argentina. La investigación judicial suma ahora una dimensión interna al caso: deberá determinar si hubo responsabilidades de funcionarios argentinos y en qué medida.