En un giro clave para la economía argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, en lo que ya es considerado uno de los fallos más importantes en la historia judicial internacional del país.
La resolución dejó sin efecto la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska y determinó que los reclamos de los accionistas no son admisibles bajo la legislación argentina.
Un fallo clave para la Argentina
El tribunal estadounidense concluyó que la Ley de Expropiación sancionada en 2012 prevalece sobre el estatuto de la empresa, uno de los puntos centrales del conflicto.
Además, los jueces señalaron que las demandas por daños contra el Estado argentino carecen de fundamento suficiente, lo que permitió revertir completamente la condena previa.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en un fallo dividido.
El impacto económico inmediato
El fallo tuvo repercusiones instantáneas en los mercados:
- Las acciones del fondo Burford Capital, principal impulsor de la demanda, se desplomaron más de 40%.
- La valuación de la firma cayó de miles de millones de dólares a niveles considerablemente más bajos.
- En contraste, las acciones de YPF subieron alrededor de 5% en Wall Street.
El mercado interpretó la decisión como un alivio financiero para la Argentina y un duro revés para los demandantes.
Qué puede pasar ahora
Pese al resultado favorable, el litigio aún no está completamente cerrado. Los demandantes pueden:
- Solicitar una revisión del fallo ante el pleno de la Cámara.
- Apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Sin embargo, este tipo de recursos no suelen prosperar con facilidad.
Un juicio histórico
Se trata del mayor juicio que enfrentó la Argentina en el exterior y una de las demandas más grandes de la historia contra un Estado soberano en Estados Unidos.
El caso se originó tras la expropiación de YPF en 2012 y atravesó distintas gestiones presidenciales hasta llegar a esta instancia decisiva.
Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei calificó el fallo como “histórico” y aseguró que implica que el país “no debe pagar nada” de los cerca de USD 18.000 millones reclamados.