La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que su extitular, Diego Spagnuolo, decidiera no declarar ante la Justicia en el inicio de una nueva ronda de indagatorias.
El exfuncionario se presentó temprano en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, pero optó por guardar silencio. A la salida, evitó responder preguntas y solo dejó una frase breve: aseguró que no es su única oportunidad para dar explicaciones.
En la misma línea, también se negó a declarar Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como segundo en el organismo y está igualmente involucrado en el expediente. Ambos están procesados, aunque sus situaciones aún son revisadas por instancias superiores.
Una causa que crece y suma nuevos imputados
La investigación avanza sobre un presunto esquema de corrupción que habría funcionado dentro de la ANDIS mediante la manipulación de contrataciones públicas. Según la hipótesis judicial, se direccionaban licitaciones hacia empresas previamente seleccionadas, simulando competencia para justificar adjudicaciones millonarias.
El expediente incluye a decenas de imputados y prevé nuevas declaraciones en las próximas semanas. Entre ellos se encuentran empresarios y lobistas que habrían tenido participación activa en el circuito de contrataciones.
Uno de los casos más relevantes es el de Miguel Ángel Calvete, señalado como un actor clave en la trama, quien declarará de manera remota debido a su estado de salud.
El mecanismo bajo sospecha
De acuerdo con la investigación, el sistema habría operado a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Allí se gestionaban compras de medicamentos e insumos de alto costo.
Los fiscales sostienen que:
- Se simulaban ofertas entre empresas
- Se restringía la participación en licitaciones
- Se direccionaban contratos millonarios
- Se habrían pagado sobornos a funcionarios
Además, se detectó el uso irregular de sistemas internos para canalizar las contrataciones y favorecer a determinados proveedores.
Millones bajo la lupa
Las cifras que maneja la Justicia son impactantes. Solo en algunos rubros, las adjudicaciones investigadas alcanzan decenas de miles de millones de pesos, lo que posiciona al caso como uno de los más relevantes en materia de presunta corrupción en organismos públicos en los últimos años.
La causa continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y declaraciones.