La investigación apunta a agentes de la Unidad N°51 del Servicio Penitenciario Bonaerense por las agresiones contra cuatro detenidas. Entre los arrestados se encuentra Daiana Balmaceda, señalada como una de las principales responsables.
La Policía Federal Argentina detuvo a 15 agentes penitenciarios acusados de haber participado en graves episodios de torturas y abusos sexuales contra cuatro mujeres detenidas en la Unidad N°51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires.
La causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien solicitó los arrestos y una serie de allanamientos después de avanzar con la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada a comienzos de junio por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Entre las personas detenidas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento del establecimiento penitenciario y está señalada como una de las principales acusadas.
De acuerdo con la imputación, los delitos investigados incluyen tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravados por haber sido presuntamente cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad.
Las acusaciones contra la jefa de Vigilancia
Balmaceda, de 31 años y con rango de alcaide mayor, habría estado al frente del operativo penitenciario durante el cual se produjeron las presuntas agresiones.
Según la acusación del fiscal, está señalada como coautora de la violación de una de las detenidas y partícipe necesaria del abuso de otra.
Los testimonios incorporados al expediente le atribuyen además distintas órdenes y amenazas durante el procedimiento. Una de las detenidas declaró haberla escuchado decir: “Las quiero a todas ataditas”.
También habría obligado a una de las víctimas a besarle las botas mientras era sometida a golpes y otras vejaciones.
Además de Balmaceda, la investigación involucra a otras siete agentes penitenciarias, entre ellas personal jerárquico, integrantes del área de requisa y de Sanidad.
Una enfermera está acusada de haber falseado un acta para ocultar las lesiones que presentaba una de las detenidas. También son investigados agentes varones que habrían participado de los hechos con sus rostros cubiertos.
Cómo comenzaron los incidentes
Los episodios investigados ocurrieron durante la noche del 3 de junio, después de una pelea registrada dentro de una de las celdas de la Unidad N°51.
Según la denuncia presentada por la CPM, agentes penitenciarios ingresaron al sector y utilizaron gas lacrimógeno contra las detenidas, para luego retirarlas de las celdas por la fuerza.
A partir de ese momento, siempre de acuerdo con las acusaciones incorporadas a la causa, las mujeres habrían sido sometidas a golpes, amenazas, humillaciones y agresiones sexuales.
Los relatos de las cuatro denunciantes fueron considerados coincidentes y creíbles por la fiscalía. Además, los análisis realizados por la Asesoría Pericial detectaron lesiones compatibles con las agresiones denunciadas.
Dos días después de los hechos, una de las detenidas intentó quitarse la vida.
Intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense
Tras conocerse las denuncias, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), dependiente del Ministerio de Justicia provincial, dispuso medidas preventivas contra los agentes involucrados.
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, consideró verosímiles los testimonios y resolvió colocar en disponibilidad preventiva al personal señalado.
También se decidió remover a la cúpula de la Unidad N°51 para facilitar el desarrollo de la investigación judicial y se inició un sumario interno a través del área de Asuntos Internos.
Dos meses después de las denuncias, el fiscal Garganta avanzó con un pedido de detención plasmado en una presentación de 146 páginas.
La Policía Federal concretó finalmente el operativo que terminó con 15 penitenciarios arrestados, mientras la Justicia continúa intentando determinar las responsabilidades individuales de cada uno en los graves hechos denunciados.