El Gobierno nacional declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida fue anunciada a través de un comunicado oficial y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento ilícito, en línea con compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Qué implica la decisión
La inclusión del CJNG en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras, restricciones operativas y mecanismos de control sobre posibles movimientos vinculados a la organización dentro del país.
El registro, dependiente del Ministerio de Justicia, permite congelar activos, limitar transacciones y reforzar el monitoreo del sistema financiero para evitar su uso con fines ilícitos.
Además, la medida fortalece la cooperación internacional con otros países que ya consideran al grupo como una amenaza para la seguridad global.
Quién es el CJNG
El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Surgió en México en 2010 y, en poco más de una década, logró expandirse a decenas de países.
Su estructura combina un liderazgo central con células descentralizadas, lo que le permite operar en múltiples territorios y adaptarse a operativos de seguridad.
Además del narcotráfico —especialmente metanfetaminas y fentanilo—, se lo vincula con otras actividades ilícitas como extorsión, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero.
Un cambio en el enfoque
La decisión introduce una novedad en la política local: la inclusión de una organización narcocriminal dentro de la categoría de terrorismo.
Según el Gobierno, esta clasificación se justifica por el alcance transnacional del grupo, su capacidad operativa y sus vínculos con otras estructuras criminales.
La medida se suma a otras decisiones recientes, en las que el Ejecutivo avanzó en la incorporación de distintas organizaciones al registro oficial, ampliando los criterios para identificar amenazas a la seguridad.
En ese contexto, el CJNG pasa a integrar un esquema que permite al Estado actuar con mayores herramientas frente a redes criminales de escala global.