El Gobierno impulsa la base naval en Tierra del Fuego y bloquea la producción petrolera en Malvinas
En cadena nacional, Javier Milei presentó un paquete de leyes para sancionar la explotación ilegal de hidrocarburos e incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en el sur.
- El Gobierno oficializó la estrategia legislativa y militar en respuesta a los proyectos extractivos unilaterales en el archipiélago.
En el marco de la escalada por la exploración hidrocarburífera no autorizada en el Atlántico Sur, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la elevación al Congreso de un conjunto de iniciativas legislativas destinadas a blindar los recursos nacionales y la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El eje central del anuncio incluye la ejecución de una base naval en Tierra del Fuego para reforzar el despliegue logístico de la Armada y la aplicación de castigos más severos a firmas extranjeras que operen en la plataforma continental sin aval del Estado.
Ejes centrales del paquete de leyes
- Presencia militar permanente: La construcción del polo naval en el territorio fueguino buscará garantizar la cobertura de patrullaje y la logística operativa en el Atlántico Sur.
- Presión sobre empresas offshore: Se endurecerán los marcos punitivos contra las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion.
- Inhabilitaciones comerciales: Se ratificará la prohibición de operar en suelo argentino a todos los proveedores y contratistas asociados a la extracción unilateral de crudo en la Cuenca Malvinas Norte.
- Respaldo del Gabinete: La medida fue presentada como una política de Estado de carácter permanente, alineada con los reclamos diplomáticos presentados ante la ONU.
Vista aérea de la bahía de Ushuaia, el punto geográfico estratégico en Tierra del Fuego donde el Gobierno proyecta el emplazamiento de la nueva base naval.Tierra del Fuego será el punto estratégico para el asentamiento de las nuevas instalaciones de la Armada Argentina.
El detonante del conflicto
La decisión del Poder Ejecutivo se aceleró tras confirmarse las decisiones de inversión privada para el proyecto Sea Lion, con proyecciones de extracción para 2028. La Cancillería argentina reiteró que cualquier actividad no autorizada violenta las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que prohíben la modificación unilateral de la zona en disputa.