La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que se evalúe el posible desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, integrante del bloque Unión por la Patria, luego de que la Justicia federal solicitara su declaración indagatoria en una causa por presunta trata de personas.
La iniciativa pide que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia la situación del legislador y analice eventuales sanciones disciplinarias o el levantamiento de sus fueros parlamentarios, en base al artículo 66 de la Constitución Nacional.
El pedido se fundamenta en el avance de la investigación judicial en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a indagatoria de Cisneros. Según el proyecto presentado por Lemoine, el objetivo es que el Congreso evalúe si corresponde permitir que la Justicia avance sin las limitaciones que implican las inmunidades parlamentarias.
Además, el documento señala que el juzgado federal a cargo de Guillermo Andrés Díaz Martínez notificó formalmente a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del legislador, procedimiento habitual cuando una causa judicial involucra a un miembro del Congreso.
En ese contexto, la diputada libertaria pidió que la comisión analice el expediente judicial con rapidez y determine si corresponde avanzar con el proceso de desafuero.
El proyecto también remarca que las inmunidades parlamentarias no constituyen privilegios personales, sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso, y que no deben impedir el desarrollo de investigaciones judiciales.
La causa judicial que involucra a Cisneros se originó como una derivación del denominado caso Vélez, surgido tras la denuncia de una joven por presunta violación grupal contra futbolistas del club Vélez Sarsfield en un hotel de Tucumán.
Aunque los jugadores denunciados fueron posteriormente sobreseídos, la investigación derivó en una nueva causa federal en la que se analizan posibles delitos vinculados con trata de personas y manipulación de la denunciante.
En ese marco, la Justicia avanzó con una línea de investigación que involucra al diputado tucumano y a otras personas que habrían participado institucionalmente en el acompañamiento de la víctima.
El avance del expediente generó repercusiones en el Congreso. La iniciativa presentada por Lemoine deberá ser analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz. En caso de que la comisión emita dictamen favorable, el tema deberá ser tratado posteriormente en el recinto de la Cámara.
La decisión final sobre un eventual desafuero corresponde al pleno de Diputados.
Dentro del oficialismo también se pronunciaron otros legisladores. La diputada libertaria Silvana Giudici sostuvo que el Congreso debe analizar el pedido judicial y permitir que la investigación avance sin obstáculos.
Carlos Cisneros es diputado nacional por Tucumán y dirigente del sindicato La Bancaria, donde ocupa el cargo de secretario de Administración. El gremio está encabezado por Sergio Palazzo, también diputado nacional.
El legislador rechazó las acusaciones y aseguró que la denuncia en su contra surgió luego de que el sindicato acompañara a la joven que denunció la presunta violación grupal.
Según explicó, La Bancaria brindó asistencia y contención a la víctima a través de su área de derechos humanos y género. Cisneros afirmó que la causa por trata de personas fue impulsada por uno de los futbolistas denunciados tras su sobreseimiento.
El diputado aseguró que se presentará ante la Justicia cuando sea convocado para aclarar su situación y defender su actuación en el caso.