Tras la presentación judicial de la CGT para frenar la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei comenzó a organizar una estrategia legal para defender la norma en los tribunales. La coordinación quedará principalmente en manos del nuevo Ministerio de Justicia, aunque participarán distintas áreas del Ejecutivo.
El Gobierno nacional se prepara para enfrentar una fuerte batalla judicial luego de que la Confederación General del Trabajo presentara un amparo para frenar la aplicación de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
La central sindical realizó la presentación ante el juzgado contencioso administrativo federal con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, en especial aquellos vinculados al traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La estrategia legal del Gobierno
Dentro del Ejecutivo consideran inevitable que la reforma termine siendo debatida en los tribunales. Por ese motivo, el Gobierno comenzó a delinear una estrategia jurídica que tendrá como eje al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Desde la Casa Rosada anticipan que el ministerio deberá coordinar el trabajo con la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que representa legalmente al Estado, cuyo nuevo titular será Sebastián Amerio.
Además, también participará la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, conducida por María Ibarzabal Murphy, que ya venía trabajando en la redacción y análisis jurídico del proyecto.
Fuentes oficiales admiten que la judicialización era un escenario previsto desde antes de la aprobación de la ley durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
Los puntos más cuestionados de la reforma
Entre los aspectos más controvertidos que podrían derivar en nuevas demandas judiciales aparecen:
- La prioridad de los convenios laborales de empresa por sobre los convenios colectivos nacionales.
- La limitación de la ultraactividad de los acuerdos sindicales.
- La modificación del cálculo de las indemnizaciones laborales.
- El traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Este último punto es uno de los principales ejes del amparo presentado por la CGT, que sostiene que el proceso no cumplió con los requisitos constitucionales.
Un conflicto político y sindical
El enfrentamiento no se limita al plano judicial. La central sindical ya anticipó que continuará con su ofensiva política y gremial, incluyendo movilizaciones y posibles medidas de fuerza.
Al mismo tiempo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también expresó cuestionamientos al proceso legislativo.
En el Gobierno, sin embargo, se muestran confiados en que la reforma superará los desafíos judiciales y sostienen que la modernización del sistema laboral es una de las prioridades de la gestión de Milei.
Funcionarios cercanos al Presidente consideran que el debate terminará llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde esperan que la normativa sea finalmente ratificada.