El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026 firmado por el Presidente.
A través del Decreto 875/2026, el Poder Ejecutivo fijó pautas operativas y un tope de 15 años de pena, mientras la Justicia provincial cuestiona la infraestructura disponible.
A través del Decreto 875/2026, el Gobierno nacional oficializó la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, estableciendo el marco operativo para la responsabilidad penal de adolescentes desde los 14 años. La publicación de la pauta reglamentaria coincidió con la medida cautelar que paralizó la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires durante un plazo de 60 días.
El texto oficial encomienda al Ministerio de Justicia la articulación del sistema mediante convenios con provincias, instituciones académicas y organizaciones civiles para garantizar el cumplimiento de los programas de supervisión.
Aspectos centrales de la reglamentación federal
- Límites a las sanciones: Se prohíbe la prisión perpetua para menores de edad y se establece un tope máximo de 15 años de privación de la libertad en establecimientos especializados.
- Medidas alternativas: La norma contempla sanciones no privativas de la libertad, tales como trabajos comunitarios, reparación del daño y monitoreo mediante dispositivos electrónicos.
- Figura del supervisor especializado: Se dispone la creación de un registro de profesionales en psicología, pedagogía y trabajo social para el seguimiento individual de cada expediente.
- Controversia por infraestructura: La suspensión preventiva dictada en la Provincia de Buenos Aires se fundamentó en la falta de centros adecuados para evitar el hacinamiento y el contacto con adultos.
El fallo judicial puso el foco en las condiciones edilicias y de contención para albergar a menores imputables bajo la Ley 27.801.
Conflicto de jurisdicción y competencias
Mientras la reglamentación nacional avanza en la definición de la autoridad de aplicación y los esquemas de auditoría, el fuero penal juvenil bonaerense supeditó la implementación de la ley a que las autoridades provinciales certifiquen las condiciones edilicias y asistenciales requeridas.