El régimen de Xi Jinping puso en marcha una nueva normativa que amplía el alcance de la legislación china fuera de sus fronteras. A través del Decreto N.º 835, Beijing establece que empresas, instituciones y ciudadanos chinos radicados en el extranjero deberán priorizar las disposiciones del Gobierno chino cuando considere que una norma extranjera afecta sus intereses nacionales.
Qué establece el Decreto 835
La nueva regulación, denominada «Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros», crea un mecanismo mediante el cual el Consejo de Estado podrá declarar que determinadas leyes o sanciones extranjeras constituyen una «jurisdicción extraterritorial injustificada».
Cuando eso ocurra, las personas y organizaciones chinas no podrán cumplir ni colaborar con la aplicación de esas normas, salvo que obtengan una autorización expresa de las autoridades de Beijing.
Empresas y ciudadanos podrían enfrentar obligaciones contradictorias
Uno de los principales efectos del decreto es que compañías y ciudadanos chinos en otros países podrían quedar atrapados entre dos legislaciones.
Por ejemplo, una empresa china radicada en otro país podría estar obligada por la legislación local a entregar información a las autoridades. Sin embargo, si China considera que ese requerimiento perjudica su soberanía o sus intereses, el decreto prohíbe cumplir con esa obligación sin autorización oficial.
De esta manera, las organizaciones podrían enfrentarse simultáneamente a sanciones del país donde operan y a sanciones impuestas por Beijing.
Un alcance amplio y criterios flexibles
La normativa también incorpora conceptos de interpretación amplia, como la existencia de una «conexión apropiada» con China para justificar la aplicación de su legislación fuera del territorio nacional.
Ese criterio no define con precisión qué situaciones quedan alcanzadas, por lo que podría aplicarse a:
- Ciudadanos chinos residentes en el exterior.
- Empresas estatales o privadas.
- Filiales internacionales.
- Entidades financieras.
- Información tecnológica o bases de datos.
Especialistas consideran que esta amplitud otorga un importante margen de discrecionalidad a las autoridades chinas.
Facultades para investigar y sancionar
El decreto habilita al Consejo de Estado a:
- Investigar la aplicación de leyes extranjeras.
- Prohibir que ciudadanos o empresas colaboren con ellas.
- Ordenar inspecciones e investigaciones administrativas.
- Aplicar sanciones económicas.
- Restringir inversiones.
- Congelar activos en determinados casos.
Además, obliga a empresas y particulares a colaborar con las investigaciones oficiales.
Posibles impactos internacionales
Analistas advierten que la medida podría generar nuevos conflictos diplomáticos y comerciales al extender la influencia regulatoria de China más allá de sus fronteras.
También señalan que el decreto podría aumentar la presión sobre empresas multinacionales con operaciones en distintos países, que deberán evaluar cómo compatibilizar las exigencias de la legislación local con las nuevas obligaciones impuestas por Beijing.