El gobierno de Argentina envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma profunda del sistema de asistencia a personas con discapacidad, con medidas que ya generan controversia por el impacto que podrían tener sobre miles de beneficiarios.
La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, introduce modificaciones estructurales en la normativa vigente y redefine las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas.
Reempadronamiento obligatorio y controles más estrictos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
Quienes no cumplan con este requisito podrían sufrir la suspensión automática del beneficio, en el marco de un sistema que también prevé controles cruzados entre organismos como ANSES y otras bases de datos estatales.
Cambios en los beneficios y nuevas restricciones
El texto propone fijar el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando adicionales por zona o condiciones especiales.
Además, establece una incompatibilidad total con el empleo formal, lo que implicaría que una persona con discapacidad no podría trabajar en blanco y mantener el beneficio, una de las medidas más cuestionadas.
También se eliminan incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad, lo que podría afectar políticas de inclusión laboral.
Modificaciones en el sistema de salud y prestaciones
Otro cambio relevante es la eliminación del nomenclador que fijaba valores mínimos para prestaciones médicas. En su lugar, se habilita una negociación directa entre obras sociales, prepagas y prestadores.
Esto implicaría una desregulación del sistema, con posibles diferencias en la calidad y el acceso a los servicios según cada cobertura.
Debate político y tensión en el Congreso
El proyecto fue enviado al Senado, donde el oficialismo considera que tiene mayores posibilidades de avanzar. Sin embargo, se espera un debate intenso, incluso entre sectores que anteriormente acompañaron la ley de emergencia en discapacidad.
La propuesta llega en un contexto de reclamos por el cumplimiento de la normativa vigente y podría reconfigurar el sistema de asistencia, con un enfoque más restrictivo y centrado en el control del gasto público.