La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y dispuso la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, en un fallo que marca un punto clave en el recupero de activos por corrupción.
Un fallo que apunta al recupero del dinero
La Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó la ejecución del decomiso dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2.
El objetivo es hacer efectivo el recupero de más de $684.000 millones, monto fijado en la sentencia por el perjuicio al Estado.
Qué bienes serán alcanzados
La medida incluye:
- Propiedades de Cristina Kirchner
- Bienes de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner
- Activos de Lázaro Báez y sus empresas, como Austral Construcciones
Además, se resolvió que el decomiso también puede alcanzar bienes transferidos o heredados si tienen origen ilícito.
El criterio de la mayoría
El juez Hornos sostuvo que el decomiso debe traducirse en una recuperación real de los activos:
No puede quedar como una declaración abstracta si los bienes siguen generando efectos económicos.
En esa línea, el fallo remarca que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar esas ganancias, ni siquiera a través de terceros.
La disidencia parcial
Borinsky votó en disidencia parcial y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por los hijos de la exmandataria, al considerar que requerían una vinculación más directa con el delito.
Sin embargo, la mayoría rechazó esa postura.
Qué sigue ahora
El fallo habilita:
- La ejecución y posible remate de los bienes
- El avance en el recupero efectivo del dinero
- La intervención de instancias superiores en la administración de los activos
El trasfondo de la causa
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz en favor de empresas de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas.
En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.