La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido del Gobierno argentino y ordenó suspender de manera temporal todos los procesos judiciales vinculados al caso YPF, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la expropiación de la petrolera. La decisión representa un alivio clave para el país en medio de un litigio millonario.
La medida fue adoptada tras una solicitud presentada por la Procuración del Tesoro, que pidió frenar el avance de las acciones legales en Estados Unidos mientras se analiza la apelación contra el fallo de primera instancia. Esa sentencia, dictada por la jueza Loretta Preska, había condenado a la Argentina a pagar cerca de 18.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
Con esta resolución, ningún tribunal podrá avanzar con medidas de ejecución ni con investigaciones relacionadas al caso hasta que la Cámara defina si el fallo original es válido o debe ser modificado. El tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, encargado de analizar la apelación, tendrá la última palabra y podrá confirmar, cambiar o revocar la condena.
El planteo argentino había sido impulsado por Sebastián Amerio, quien solicitó una moción urgente para detener los procedimientos en curso. La decisión también impacta directamente en los reclamos de fondos litigantes, como Burford Capital, principal beneficiario del fallo inicial.
Según analistas del mercado, la suspensión podría ser una señal de que el fallo de fondo está próximo a conocerse, aunque no existe un plazo definido. La audiencia de apelación se realizó en octubre del año pasado y desde entonces el tribunal se encuentra evaluando la causa.
A partir de ahora, el escenario abre tres posibles caminos: que la Cámara falle completamente a favor de la Argentina, que confirme la sentencia original o que disponga revisiones parciales, como recalcular el monto o redefinir aspectos del proceso. En cualquiera de los casos, la resolución será determinante para el futuro del litigio.
Mientras tanto, todos los intentos de avanzar con el cobro de la sentencia quedan en pausa, a la espera de una definición que podría marcar un punto de inflexión en uno de los juicios más importantes que enfrenta el país en el exterior.