El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, fue denunciado penalmente por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que lo acusa de abuso de autoridad tras haber suspendido la aplicación de la ley de reforma laboral en todo el país.
La presentación judicial solicita que el magistrado sea investigado y eventualmente sancionado con penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El eje de la denuncia
Según el escrito presentado por el titular del MEAB, Juan Méndez, el juez habría excedido sus facultades al dictar una medida cautelar que suspendió la vigencia de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral.
El punto más cuestionado es que la resolución tuvo efectos generales en todo el territorio nacional, algo que, según los denunciantes, contradice principios constitucionales y jurisprudencia vigente.
Irregularidades señaladas
La denuncia detalla una serie de presuntas irregularidades en el accionar del magistrado:
- Haber suspendido artículos que no habían sido cuestionados en la demanda original
- Dictar la cautelar con una rapidez considerada inusual
- No respetar el derecho de defensa del Estado
- Basar decisiones en informes externos no incorporados formalmente al expediente
Además, remarcan que el propio juez revocó parcialmente su fallo días después, lo que, según el denunciante, evidenciaría inconsistencias en la decisión inicial.
Posibles delitos
El MEAB sostiene que el accionar de Ojeda podría encuadrarse en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que dictan resoluciones contrarias a la ley.
También se analiza la posible figura de prevaricato, que implica fallar a sabiendas en contra de la normativa vigente.
Impacto institucional
La suspensión de la ley generó, según la denuncia, un escenario de incertidumbre jurídica que afecta tanto a empleadores como a trabajadores.
El caso se da en medio de un fuerte debate político y sindical en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Ahora será la Justicia federal la que deberá definir si avanza con la investigación y si existen elementos suficientes para imputar al magistrado.