La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la empresa estatal ARSAT ingresó en una etapa decisiva luego de que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispusiera el secreto de sumario mientras avanza la evaluación de nuevas medidas de prueba. La causa involucra al ex presidente de la compañía, Facundo Leal, y a otros exfuncionarios que podrían ser convocados a declaración indagatoria en los próximos días.
Según trascendió, el fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la citación de una decena de personas vinculadas a la gestión de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre los apuntados figura Gerardo Boschin, quien se desempeñó como gerente de Compras de la empresa estatal. La decisión final ahora quedó en manos del magistrado, que deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía.
La investigación se aceleró tras la detención de Facundo Leal durante una serie de allanamientos simultáneos. En uno de sus domicilios se encontraron drogas y una importante cantidad de dinero en efectivo, situación que derivó en una causa paralela por tenencia de estupefacientes. Durante su declaración, Leal sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y optó por no responder preguntas sobre el origen de los fondos secuestrados.
Los procedimientos judiciales permitieron secuestrar más de dos millones y medio de dólares distribuidos entre propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, además de pesos argentinos, euros, reales, pesos uruguayos y otras monedas extranjeras. También fueron incautados teléfonos celulares, documentación y cuadernos con anotaciones que ahora son analizados por los investigadores.
La causa principal investiga posibles delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otras maniobras vinculadas con contrataciones y licitaciones realizadas dentro de ARSAT. Los investigadores buscan determinar si existieron beneficios indebidos o irregularidades en distintos procesos administrativos durante la gestión anterior.
El expediente tuvo su origen en una denuncia presentada tras el cambio de gobierno por el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a la empresa estatal. Sin embargo, con el avance de las medidas judiciales, la pesquisa se amplió hacia otras operaciones y contratos que actualmente se encuentran bajo análisis.
Mientras continúa el secreto de sumario, la expectativa está puesta en la resolución que adopte el juez Mirabelli respecto de las indagatorias solicitadas por la fiscalía, una decisión que podría marcar un punto de inflexión en una investigación que ya involucra a exfuncionarios de alto rango y que mantiene en alerta a distintos sectores políticos.