El megaproyecto de cobre Vicuña adjudicó la construcción de un campamento modular a un consorcio chino. Empresarios argentinos advierten sobre la pérdida de empleo y el desplazamiento de proveedores nacionales.
Un nuevo foco de tensión se abrió alrededor de uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la historia argentina. La decisión de importar desde China un complejo modular para alojar a miles de trabajadores del proyecto Vicuña, en San Juan, generó fuertes cuestionamientos por parte de cámaras empresariales y referentes de la industria nacional.
La obra contempla la instalación de una ciudad modular en la zona de Batidero, destinada a albergar inicialmente a 2.500 trabajadores vinculados a la construcción y operación del emprendimiento minero. Sin embargo, debido al sistema de rotación de personal utilizado en la actividad, se estima que entre 3.500 y 5.000 personas pasarán por el complejo, cifra que podría ampliarse en los próximos años.
La licitación fue adjudicada a un consorcio integrado por las compañías chinas PowerChina y Beijing Chengdong junto con la firma argentina RAFA S.A., que presentó una oferta cercana a los 52 millones de dólares. La propuesta desplazó a empresas nacionales que también buscaban participar del proyecto.
Los módulos habitacionales llegarán completamente fabricados desde China e incluirán estructura, mobiliario y equipamiento listo para ser utilizado una vez ensamblados en la cordillera sanjuanina.
Desde distintos sectores industriales cuestionaron la decisión y advirtieron que la medida reducirá significativamente el impacto económico local. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, la fabricación nacional podría haber generado más de 400 puestos de trabajo directos y una amplia participación de proveedores argentinos, mientras que la importación demandará apenas tareas de logística y montaje.
Además, representantes del sector sostienen que las empresas extranjeras acceden a ventajas competitivas vinculadas a beneficios fiscales contemplados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), situación que consideran desigual para los fabricantes nacionales.
El proyecto Vicuña es impulsado por las compañías mineras Lundin Mining y BHP y prevé inversiones por unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La iniciativa busca posicionar a la Argentina entre los principales productores mundiales de cobre y contempla una producción estimada de 400.000 toneladas anuales durante más de dos décadas.
Mientras los impulsores del emprendimiento destacan la rapidez de ejecución y la reducción de costos que ofrece el modelo importado, las cámaras empresariales reclaman una mayor participación de la industria local en proyectos estratégicos y advierten sobre el impacto que estas decisiones pueden tener sobre el empleo y el desarrollo productivo nacional.
El debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en torno a las grandes inversiones: cómo compatibilizar la llegada de capitales extranjeros con la generación de trabajo, valor agregado y oportunidades para las empresas argentinas.