La investigación judicial que desbarató una presunta estructura de servicios médicos ilegales en La Matanza sacó a la luz los antecedentes de Alberto Rubén “Beto” Santarceri, señalado por la Justicia como el principal responsable de una organización que operaba bajo la fachada de una empresa de salud privada.
Según la causa, la red funcionaba a través de la firma “Argentina Salud” y contaba con clínicas, farmacias y ambulancias que habrían desarrollado actividades sin las habilitaciones correspondientes. Los investigadores también analizan presuntas maniobras vinculadas al uso irregular de matrículas profesionales y documentación sanitaria.
Sin embargo, el nombre de Santarceri ya había aparecido años atrás en otro expediente judicial de alto impacto. De acuerdo con registros judiciales, estuvo involucrado en una causa relacionada con un homicidio ocurrido en diciembre de 2008 en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
La investigación de aquel hecho se originó tras un violento ataque contra un comerciante acusado por vecinos de haber cometido un presunto abuso. La situación derivó en una agresión colectiva que terminó con la muerte de la víctima y motivó una extensa investigación judicial.
Durante ese expediente también surgió el nombre de Gabriel Musse, considerado uno de los principales colaboradores de Santarceri y actualmente involucrado en la nueva causa vinculada a la organización sanitaria investigada.
La causa actual comenzó luego de la denuncia de una profesional de la salud que detectó el presunto uso indebido de su matrícula médica. A partir de esa presentación, la Justicia ordenó allanamientos en distintos inmuebles y secuestró vehículos, medicamentos, sellos profesionales y documentación que ahora es analizada por los peritos.
Los investigadores sostienen que la organización habría operado mediante una compleja estructura integrada por familiares directos y colaboradores cercanos. Además, un testimonio incorporado al expediente permitió reconstruir parte del funcionamiento interno de la red y aportó detalles sobre la presunta utilización de profesionales sin habilitación para ejercer en el país.
La fiscalía imputó a los principales integrantes de la organización por asociación ilícita y otros delitos vinculados a la actividad sanitaria irregular. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el alcance económico de las maniobras y establecer cuántas personas podrían haber resultado afectadas por el funcionamiento de la estructura investigada.