La Justicia Federal ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar en un plazo máximo de 72 horas los pagos adeudados a prestadores que atienden a personas con discapacidad en todo el país.
La decisión fue tomada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional que denuncia graves demoras en la cadena de pagos del sistema.
Denuncian terapias suspendidas y falta de medicamentos
Según consta en la presentación judicial, numerosos centros y prestadores advirtieron que la falta de pagos comenzó a impactar directamente sobre la atención de pacientes.
Entre las principales consecuencias denunciadas aparecen:
- Suspensión de tratamientos
- Retrasos en terapias
- Falta de entrega de medicamentos
- Problemas de cobertura para personas con discapacidad
El reclamo alcanza a beneficiarios del programa Incluir Salud que cuentan con Certificado Único de Discapacidad y pensiones no contributivas.
El Gobierno atribuyó las demoras a una reorganización
Ante la Justicia, el Ministerio de Salud explicó que los atrasos responden a un proceso de “reordenamiento estructural” y cambios administrativos derivados del traspaso del programa Incluir Salud.
Además, el Ejecutivo sostuvo que busca garantizar la sustentabilidad fiscal del sistema y negó que exista un recorte de prestaciones.
Sin embargo, el magistrado consideró que las explicaciones oficiales no alcanzan para justificar la situación actual.
El juez habló de riesgo para la salud
En la resolución, Vaca Narvaja remarcó que la interrupción de tratamientos podría generar daños graves e irreversibles para las personas afectadas.
También destacó la existencia de:
- Facturas impagas
- Intereses acumulados
- Prestaciones interrumpidas
- Medicación pendiente de entrega
Por ese motivo, resolvió hacer lugar a la cautelar y obligar al Estado a normalizar los pagos de manera urgente.
La medida tendrá alcance nacional
La cautelar regirá durante seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto.
Mientras tanto, el Gobierno deberá avanzar en la regularización de pagos para evitar mayores complicaciones en el sistema de atención a personas con discapacidad.
El fallo volvió a colocar en el centro del debate la situación financiera de los prestadores y el impacto que tienen las demoras administrativas sobre miles de pacientes en todo el país.