El paso de Manuel Adorni por la Cámara de Diputados no solo dejó definiciones de gestión, sino que desató una fuerte confrontación entre el oficialismo y sectores de la oposición, con derivaciones judiciales que profundizan el conflicto político.
Mientras el funcionario exponía en el recinto, la diputada Marcela Pagano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. La respuesta del oficialismo fue inmediata: legisladores libertarios impulsaron una denuncia penal contra la exaliada, a quien acusan por supuestas irregularidades patrimoniales y otros delitos.
La presentación de Pagano incluyó documentación vinculada a una presunta empresa offshore en Uruguay y apuntó a una supuesta relación entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio. Según su planteo, fondos provenientes de la publicidad de un programa emitido en la TV Pública habrían sido desviados a esa estructura con el objetivo de evitar cargas impositivas. Incluso mencionó a YPF como principal auspiciante del ciclo, cuestionando la lógica comercial detrás del financiamiento.
La causa quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo, mientras que la denuncia del oficialismo contra Pagano fue sorteada en el juzgado de María Servini.
En paralelo, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade cuestionó el patrimonio del jefe de Gabinete y puso el foco en sus viajes al exterior, señalando presuntas inconsistencias entre los gastos y los ingresos declarados. Además, mencionó detalles de la vida personal del funcionario que generaron una fuerte reacción oficial.
Adorni respondió con dureza, acusando a Tailhade de “espionaje” y advirtiendo sobre la gravedad de difundir información privada de su entorno familiar. También negó irregularidades en contratos y rechazó cualquier vínculo indebido con terceros.
El episodio expone un clima de creciente tensión política, donde las disputas parlamentarias se trasladan rápidamente al ámbito judicial, en un contexto de fuerte polarización.