El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que dos testigos confirmaran ante la Justicia que mantiene una deuda millonaria en dólares, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Las declaraciones se realizaron ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa.
Se trata de Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, ambas integrantes de fuerzas policiales, quienes afirmaron que el funcionario aún les debe 70.000 dólares más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de 2026. Según explicaron, originalmente habían otorgado un préstamo de 100.000 dólares, dividido en 85.000 y 15.000, respectivamente.
De acuerdo a sus testimonios, el acuerdo incluía una tasa de interés anual del 11% y el compromiso de devolución en un plazo de dos años. En un primer momento, Adorni habría abonado cuotas mensuales cercanas a los 900 dólares, aunque luego ese monto se redujo a 600 dólares tras un pago parcial de 30.000 dólares que permitió bajar el capital adeudado.
La operatoria se realizó en efectivo y tuvo como garantía una hipoteca sobre una propiedad del funcionario ubicada en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Según se reconstruyó en el expediente, el dinero habría sido utilizado para concretar la compra de un inmueble en un country de la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, la investigación busca determinar el origen de los fondos involucrados. Por ese motivo, el juez Ariel Lijoautorizó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su entorno y de las acreedoras, con el objetivo de verificar la capacidad económica de cada una de las partes.
Las testigos también aportaron documentación, mensajes y detalles sobre cómo obtuvieron el dinero, indicando que provendría de ahorros personales, una herencia y una demanda por diferencias salariales. Todo ese material fue incorporado a la causa y será analizado en las próximas etapas del proceso.
El expediente continuará avanzando en los próximos días con nuevas declaraciones testimoniales, mientras la Justicia intenta reconstruir la ruta del dinero y determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario.