La muerte de una joven en Santiago del Estero generó fuerte impacto y abrió un debate sobre la respuesta del Estado ante casos de violencia digital y de género. Se trata de Shadya Altamirano, una abogada de 29 años que había denunciado a su expareja por la difusión no consentida de fotos y videos íntimos.
Según la reconstrucción del caso, la joven había realizado la denuncia semanas antes de su fallecimiento, tras la viralización del material en redes y aplicaciones de mensajería. De acuerdo con su entorno, la situación derivó en un profundo deterioro emocional producto del acoso y la exposición pública.
Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que se activaron mecanismos de protección, como la posibilidad de contar con un botón antipánico y la imposición de restricciones al acusado. Sin embargo, la familia cuestionó la efectividad de esas medidas y denunció falta de contención y acompañamiento psicológico.
La investigación judicial se centra ahora en determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento y en analizar la actuación de los organismos intervinientes. En ese marco, se ordenaron peritajes, la autopsia correspondiente y el secuestro de elementos personales para avanzar en la causa.
El caso también puso el foco en una problemática creciente: la difusión no consentida de contenido íntimo, una forma de violencia que puede tener graves consecuencias en la vida de las víctimas.
Mientras avanza la investigación, el hecho reavivó el reclamo por mayores herramientas de prevención, asistencia y respuesta rápida ante este tipo de situaciones.