El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, llegó este jueves a los tribunales del fuero penal económico para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de $19.000 millones.
Tapia arribó cerca de las 10:55 de la mañana al edificio judicial ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1950, en el barrio porteño de Retiro, acompañado por su abogado defensor Luis Charró. Al ingresar al lugar, saludó brevemente a los presentes con un “buenos días” y pidió a los fotógrafos y camarógrafos que no se agolparan para poder acceder al edificio.
La indagatoria forma parte de la ronda de declaraciones ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien investiga presuntas irregularidades en el pago de tributos retenidos por la entidad entre 2024 y 2025.
Con la declaración de Tapia se cierra el listado de imputados citados en el expediente, que también involucra a otros integrantes de la conducción de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino.
El titular de la AFA había sido citado inicialmente para abrir la ronda de indagatorias, pero un cambio en su defensa legal permitió solicitar una prórroga, por lo que finalmente declaró en último lugar.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por ARCA, organismo querellante en la causa, que señaló una presunta falta de pago de impuestos retenidos, incluyendo obligaciones correspondientes al IVA, al impuesto a las ganancias y a los aportes de seguridad social.
Según consta en el expediente, la deuda investigada asciende a aproximadamente $19.350 millones.
En su declaración previa, realizada por escrito, el tesorero Pablo Toviggino pidió su sobreseimiento al considerar que no existió delito. Además, sostuvo que la AFA ya regularizó su situación impositiva, ya que abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante.
La defensa de Tapia también había presentado anteriormente un recurso por inexistencia de delito y solicitó su sobreseimiento. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese planteo y decidió continuar con las indagatorias. La cuestión fue elevada a la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia para el 18 de marzo.
El delito que se investiga contempla penas de entre dos y seis años de prisión.
Aunque el dirigente del fútbol argentino fue mencionado en otras causas judiciales en el pasado, esta es la primera vez que queda formalmente imputado en una investigación penal vinculada a la administración de la AFA.
Tras completar las declaraciones de todos los imputados, el juez deberá analizar el expediente y resolver la situación procesal de los acusados.